La Península de Yucatán cumple 6 años de oposición a los transgénicos.
Las
comunidades mayas y organizaciones no gubernamentales llevaron el caso
hasta la máxima instancia legal del país, la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN), quien en noviembre del 2015 determinó dejar
insubsistentes el permiso comercial para siembra de soya transgénica
otorgada a Monsanto Comercial S.A. de C.V., en tanto no concluya concluya la consulta a pueblos mayas.
Después de seguir insistiendo sobre las irregularidades observadas en Campeche e inumerables
denuncias de las comunidades mayas y organizaciones no gubernamentales,
el pasado 17 de septiembre del 2017, el Servicio Nacional de Sanidad,
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) determinó revocar dicho
permiso argumentando que esa empresa ha hecho un “manejo no confiable”
de la tecnología autorizada puesto que “no existe certeza de la
efectividad de los controles de inventarios de la semilla.” También
establece que la liberación de organismos genéticamente modificados en
sitios no autorizados en el permiso y la pérdida del control del
material genéticamente modificado es “un daño grave o irreversible”
atribuible a esa empresa transnacional.
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