La controversia suscitada por la evaluación del
glifosato, levanta una nueva polémica sobre las normas que regulan la
seguridad de los productos químicos, que a menudo permanecen ocultas a
la vista pública.
El glifosato, el herbicida más utilizado en todo el mundo, acaparó los titulares el pasado mes de marzo después de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) anunciase que “probablemente fuese cancerígeno para los seres humanos”.
La IARC, que es la Agencia responsable de aportar pruebas para las políticas de control del cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
realizó una exhaustiva revisión de la literatura científica sobre este
herbicida. Encontraron evidencias convincentes de que el glifosato causa
cáncer en los animales de laboratorio, pruebas limitadas de que lo puede provocar en los trabajadores agrícolas y evidencias de daños en el ADN y los cromosomas de las células humanas.
Esta evaluación de la IARC es muy importante porque
está en total desacuerdo con las consideraciones de las principales
Agencias de Regulación de todo el mundo. El año pasado, una evaluación
realizada por la Agencia de Regulación del Gobierno alemán, a petición de la Comisión Europea,
concluyó que no existen pruebas de que el glifosato sea cancerígeno o
mutagénico, o que el herbicida suponga un riesgo de graves efectos sobre
la salud. Otras Agencias han llegado a conclusiones similares.
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